El gobierno tiene mucho por hacer si quiere restringir el acceso a los contenidos en línea
Con no poca preocupación, he observado en las últimas semanas cómo se calienta el debate sobre una posible censura a la web. La gota que derramó el vaso fue, al menos para el Presidente, dos foros abiertos en Noticiero Digital sobre el presunto asesinato de Mario Silva y Diosdado Cabello. ¿Fue esta la chispa que terminó de prender el mechero sobre internet? ¿Qué pretende el gobierno: regular o controlar?
El concepto de "hegemonía comunicacional" estaría migrando hacia Internet
Este tipo de noticias, como la mencionada por Chávez, no es nueva en el ciberespacio “venezolano”: En 2008, tanto Noticiero Digital como Noticias24 fueron acusados por Aporrea de espacios para “promover el odio y la intolerancia”. Si bien en aquel momento las cosas no pasaron a mayores, la atmósfera política del país ha cambiado en estos últimos dos años y la necesidad del gobierno de implementar la “hegemonía comunicacional“ ya llegó a internet.
La red es un espacio donde conceptos como Nación o Soberanía no están definidos. Es un espacio esencialmente supra-nacional en sí mismo – entendiéndose por supranacional a aquella entidad que está más allá del control de los estados, como por ejemplo una Organización de Naciones Unidas (como fue concebida originalmente)-, pero los usuarios y los prestadores de servicios sí están sujetos a regulaciones jurídicas regionales. Sin embargo, comunidades dentro del mundo virtual han buscado un consenso para establecer reglas de juego dentro del ciberespacio. En la “Declaración de Cybersecesión“, un grupo de interanutas porpone a los gobiernos “hacer imposible la entrada de usuarios a sus misiones y proyectos” a cambio de “dejar crecer a la red”:
“Los seres humanos tienen sus propios pensamientos, los cuales son libres de habitar sin ningún tipo de restricciones legales. La civilización está buscando desarrollar (en internet) su propia mente colectiva. Lo único que queremos es ser libres de habitarla sin sus amenazas. Si ustedes (los gobiernos) se aseguran de que no podemos dañarlos, no tienen el derecho ético de meterse en nuestras vidas”.
¿Regular?
En Corea del Sur es necesario autenticar a los usuarios con su número de cédula antes de poder publicar un comentario on-line.
No obstante, es bien sabido que la sociedad necesita algún tipo de guía para evitar la anarquía, o el colapso. Corea del Sur, por ejemplo, tiene una guerra contra el anonimato. En el año 2008, el parlamento de la nación asiática aprobó una ley que obliga a los portales a solicitar y verificar la identidad de sus usuarios. Por ejemplo, para colocar un comentario en un website, es necesario colocar su número de identificación (cédula). Aunque el instrumento fue recibido con muchas críticas, la mayoría de los portales que operan en el país, como Daum, Nate y Yahoo! Corea adoptaron la medida.
El problema con esta restricción es el espíritu de la ley. Aunque personalmente soy un defensor de la responsabilidad individual de los contenidos publicados en la web (como dejo claro en ¿#SiciliaPatan?) no estoy de acuerdo con discriminarlos por motivos políticos -como sucedió en Surcorea.
En Australia y Alemania las regulaciones son de otro tipo: contra el contenido “moralmente censurable”. En la nación europea, la legislación aprobada en 2009 bloquea aquellos sitios de acceso a pronografía infantil, a pesar de que un grupo de usuarios pudo demostrar a una comisión parlamentaria que es más sencillo simplemente bloquear aquellas direcciones con contenido ilegal, para crear un precedente jurídico menos peligroso. Fue en ese contexto y no en otro -el del combate a un acto ilegal y moralmente reprochable como la pornografía infantil- en los que Ángela Merkel pronunció las palabras que el presidente Chávez citó el sábado: “Internet no está por encima de la ley”.
En este contexto, Venezuela ya ha tomado acciones al respecto. Dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el estado reguló la entrada a los puntos de conexión públicos a internet para los menores de 18 años, precisamente para evitar el acceso a contenido “inadecuado para la edad”.
El académico americano Larry Lessig, en su libro “Code and other laws of Cyberspace”, define a este tipo de regulaciones como “East Coast Code” (“Código de la Costa Este”, refiriéndose a la locación del parlamento estadounidense, Washington D.C.) y explica que, bajo esta premisa, un comentario considerado “inapropiado” en una página web, puede estar a merced del aparato jurídico de todas las naciones por las que pasa la información, además del país de residencia del usuario y el del hosting del servidor de la página. Dicho esto, ¿Podría actuar el gobierno si tanto el usuario que publicó la “supuesta muerte” de Diosdado Cabello en Noticiero Digital como el servidor de la página se encontraran fuera del país? ¿Cómo se aplicaría la Ley Resorte -como pide Aristóbulo Iztúriz- en estos casos, si el instrumento fue crado para radio y televisión?
¿Controlar?
China es el país más exitoso en cuanto a control de internet se refiere
Lessig también habla en su libro acerca del control de Internet -él lo denomina “West Coast Code” (“Código de la Costa Oeste”, porque las empresas de informática se encuentran en Sillicon Valley). Se trata de una serie de mecanismos que permiten al Estado impedir el acceso a ciertos sitios en la web. Desde software de filtrado (que busca plabaras claves o URLs y las bloquea antes de que aparezcan en la computadora de aquél que las solicita), pasando por programas de encriptación, o modificación de los protoclos TCP/IP (tareas que resultarían más sencillas con un punto único de acceso, como el que busca CANTV).
En países como Cuba, Myanmar o Corea del Norte, que poseen baja penetración de computadoras por habitante, resulta sencillo para el gobierno controlar el acceso a la web mediante bloqueo de direcciones en los puntos de conexión. Vietnam, al igual que Irán y Siria, tienen patrullas de “policías online” que monitorean todas las actividades de la red, además de bloquear cualquier contenido que discrepe de la posición oficial y en el caso persa, también reprimen cualquier tipo de sitios que hablan sobre derechos de la mujer.
China es un objeto de estudio aparte. El “Gran Firewall” es una combinación de todas las técnicas de censura que permiten “flexibilizar” los controles cada vez que se requiera.
Es claro que el control del internet, aunque es complicado de establecer por toda la cantidad de sitios disponibles para evadirlo -Proxies, VPN, Psiphon o I2P-, es también la vía más expedita para acallar las voces disidentes.
La “Tercera Vía”
¿Viene un candado a la red en Venezuela? Todos los indicios apuntan a algún tipo de regulación sobre los contenidos on-line
En el ensayo “Law and Borders — The Rise of Law in Cyberspace”, David Johnson y David Post sugieren que internet “debe regularse a si misma”. Los abogados, conscientes del problema que implica que la web vaya más allá de las fronteras nacionales, proponen que los usuarios obedezcan a las leyes que imponen los proveedores de servicio. En vez de identificarse como una persona “física”, los internautas deberían ser conocidos por un número de identificación, su apodo y su dirección de correo electrónico. Parte de eso ocurre en sitios como Noticiero Digital, cuyos usuarios denunciaron ambos posts -tanto el de Mario Silva como el de Cabello- y los administradores procedieron a bajarlos del sitio.
El problema que presenta la propuesta de Johnson y Post radica en que sería necesario que todas las naciones acuerden en dejar que la Internet se maneje como un ente autónomo en detrimento del poder de los estados nacionales.
En la Venezuela del “Socialismo del siglo XXI”, Hugo Chávez busca responsables para los que publican “noticias falsas” y “apologías al delito” en sitios de información nacional. Legislar sería la vía apropiada para escuchar las preocupaciones de los usuarios, llegar a consensos y proponer al país las mejores soluciones para que no vuelva a suceder. ¿Eso va a suceder? No tengo manera de saberlo pero, dado el registro de estos once años, no lo creo. En cualquiera de los casos -regulación o control- el gobierno se encontrará con múltiples piedras de tranca, ya que Venezuela es un país con alta penetración de internet -30,7% de la población según el último estudio de Tendencias Digitales-; con un gran número de smartphones en la calle (más de un millón de Blackberrys), y con una comunidad que, en muchos casos, sabe “darle la vuelta” a las restricciones -utilizando proxies o VPN´s. Es también una sociedad que adopta y perfecciona el uso de las nuevas herramientas virtuales -siendo Twitter el mejor ejemplo, con crecimientos exponenciales en los últimos meses.
Sea cual sea la decisión del gobierno, regular o controlar, habremos dado un paso atrás hacia la creación de esa “mente colectiva”, libre para habitar la web. Habremos dado un paso atrás a la autorregulación, un paso atrás a la evolución del pensamiento humano, un paso atrás en la defensa de nuestras libertades.
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